ABOGADO PENALISTA EN TARAPOTO EN SAN MARTÍN

Brindo asesoría penal idónea, la defensa técnica altamente especializada comprende las distintas etapas del proceso penal del Ministerio Público y del Poder Judicial. La defensa técnica se extiende también a la justicia constitucional nacional, a través de la interposición de acciones de habeas corpus o amparo, y a las instancias supranacionales de protección de los derechos humanos. Los servicios profesionales se prestan a empresas nacionales o extranjeras como a las personas naturales a quienes se les imputa la comisión de un delito o se las considera como tercero civilmente responsables y pesa contra ellas el pago de indemnizaciones o reparaciones. Asimismo, se protege con especial interés a las víctimas (agraviados) del delito, normalmente olvidados y convidados de piedra en el sistema penal, logrando reparaciones justas y proporcionales de acuerdo al daño causado. El estudio profundo del caso parte por identificar la viabilidad y consistencia jurídica de la causa, fijar los puntos vulnerables y trazar la estrategia que permita alcanzar los resultados esperados (diagnóstico). Luego de ello se implementan los medios y recursos legales pertinentes que faciliten ejecutar el plan estratégico, evaluando de manera periódica y permanente los resultados parciales en cada una de las etapas del proceso penal (despliegue táctico). Te vamos a defender con responsabilidad, compromiso y obsesión en las audiencias de Prisión Preventiva, y en otras de restricción de derechos, estructurando estrategias de defensa dentro de los mecanismos del Nuevo Código Procesal Penal. La ventaja comparativa de que muchos de los planteamientos en el terreno penal, procesal penal o constitucional formulados desde la perspectiva académica han sido adoptados muchas veces por la jurisprudencia penal peruana o han supuesto un cambio de perspectiva en la solución de la problemática concreta, por ejemplo los alcances del principio de imputación necesaria tanto en el campo penal y civil, el control de acusación en el delito de lavado de activos, el plazo razonable en la investigación fiscal, el deber de motivar las disposiciones fiscales, el requisito del perjuicio en el delito de colusión ilegal, fe pública, etc.